HACIENDO MEMORIA EL 24

El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti –jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea respectivamente– dio un golpe de Estado: removió al gobierno constitucional, suprimió el régimen de partidos políticos y ejecutó un plan de secuestro y asesinato clandestino de personas como metodología habitual del Estado para aniquilar opositores políticos.
La Junta Militar actuó en alianza con el poder económico, la Iglesia y sectores civiles y aplicó un modelo económico que empobreció a la mayoría de la población y concentró la riqueza del país en pocas manos.

La cifra 30.000 víctima de desaparición forzada corresponde al número proporcional de Habeas Corpus presentados durante la dictadura, a estimaciones sobre la cantidad de prisioneros en la ESMA, Campo de Mayo y La Perla y a documentación de las Fuerzas Armadas, como el reporte del Servicio de Inteligencia del Batallón 601 del Ejercito de julio de 1978 que calcula en 22.000 el número de ejecutados y desaparecidos, cuando todavía restaban 5 años de la dictadura.

Se calcula que alrededor de quinientos chicos fueron secuestrados con sus padres o nacieron en los centros clandestinos de detención donde fueron llevadas las jóvenes embarazadas. Los infantes secuestrados fueron apropiados por personal militar o abandonados en hospitales u orfanatos como seres sin nombre ni historia personal. Se les robó la identidad y se condenó a familias enteras a una búsqueda desesperada que en muchos casos continúa hasta el día de hoy.

Miles de argentinos fueron encarcelados y padecieron el trato inhumano de un régimen pensado para la destrucción física y mental del detenido político. Las cárceles formalmente legales reproducían las condiciones inhumanas de encierro y el mal trato de los centros clandestinos de detención.

La represión ilegal obligó a muchas personas a abandonar el país para evitar el secuestro. En 1977 la dictadura concedió a algunos presos políticos la opción entre abandonar el país o continuar encarcelado. Tanto los exiliados como los “desterrados” fueron estigmatizados por las dictaduras como “anti-argentinos”.